El Plan Nacional de Desarrollo otorgó facultades al Gobierno nacional para realizarlos y Fasecolda ha presentado a varios ministerios propuestas para fortalecerlo.
El SOAT ha demostrado ser un instrumento de protección social al garantizar recursos para la atención médica de las personas involucradas en accidentes de tránsito.
A lo largo de los últimos diez años, este seguro ha brindado cobertura a cerca de seis millones de víctimas, por un valor aproximado de $13,8 billones.
Además, contribuye al sistema de salud recaudando más de $2 billones anuales, que las compañías de seguros trasladan a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES)2.
Este seguro obligatorio es un instrumento que facilita la atención inmediata, ya que no se requieren autorizaciones ni copagos por parte del ciudadano.
También financia la política que busca prevenir, reducir y controlar la accidentalidad vial, liderada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).
De las primas emitidas por el ramo, alrededor de $ 100.000 millones anuales se transfieren a esta entidad.
Ahora bien, el SOAT enfrenta serios desafíos que afectan su sostenibilidad financiera. Desde hace años, la cobertura afronta problemas estructurales, como la alta accidentalidad vial, que ha incrementado el número de muertos y heridos en los últimos años.
El fraude, que se traduce principalmente en sobrecostos o cobros irregulares a las aseguradoras por parte de algunas instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS).
Y la evasión, que ha sido una constante en la última década para este seguro obligatorio.
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