Los vehículos pasaron de ser un medio de transporte pasivo a convertirse en un agente activo de seguridad. El consumidor debe exigir el mejor equipamiento de seguridad.
Los sistemas inteligentes de asistencia a la conducción, la conectividad vehicular y las soluciones de respuesta automatizada permiten prevenir riesgos, mitigar impactos y optimizar la atención posterior al accidente.
Esta evolución representa un punto de inflexión en la gestión de la seguridad vial, con implicaciones directas para fabricantes, aseguradoras, autoridades y usuarios.
Así, la tecnología a bordo del automóvil tiene un impacto real en la vida de los usuarios porque, más allá de los asuntos técnicos, de lo que se trata es de generar conciencia entre los consumidores sobre la relevancia de adquirir vehículos que tengan incorporados estos sistemas.
Experiencia internacional
En Europa, la normativa vigente desde julio de 2024 exige que todos los vehículos nuevos incluyan
tecnologías como frenado autónomo de emergencia (AEB), asistente de mantenimiento de carril, detector de fatiga, señal de frenado de emergencia, control crucero adaptativo y cámara trasera con detección de tráfico cruzado.
Estas medidas se justifican porque pueden evitar hasta 25.000 muertes y 140.000 heridos graves en la Unión Europea hasta el año 2040.
En España, Cesvimap ha analizado más de 250 vehículos desde 2015, concluyendo que los sistemas
ADAS permiten reducir el riesgo de siniestros en un 57%.
Por su parte, el control electrónico de estabilidad (ESC) y el frenado autónomo de emergencia (AEB) han sido objeto de múltiples estudios.
El Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) en EE. UU. estima que el ESC reduce el riesgo de vuelco en un 80% y el riesgo de colisión fatal en un 50% para vehículos SUV. El AEB, por su parte, puede reducir hasta en un 38% las colisiones traseras.
Para el consumidor
Dado el impacto positivo que tienen estas tecnologías en la accidentalidad, el usuario de vehículos debería priorizar vehículos que incluyan sistemas de seguridad activa y pasiva, especialmente ADAS.
En consecuencia, debería Informarse sobre las tecnologías disponibles y su funcionamiento, así como exigir transparencia en la oferta comercial de vehículos nuevos y usados.
Para la política pública
Las autoridades y los organismos de control tienen un papel fundamental en la regulación de lo que el mercado ofrezca y, en consecuencia, tienen el deber de acelerar la implementación de los reglamentos técnicos armonizados adoptados por Colombia mediante la Ley 2290 de 2023, que aprueba el Acuerdo de 1958 de la ONU.
De ahí se deriva la necesidad del fortalecimiento de la vigilancia del cumplimiento de los estándares de seguridad vehicular, la promoción de incentivos fiscales para la adquisición de vehículos seguros y la implementación de campañas de sensibilización sobre el valor de la seguridad vehicular.
No menos importante es la tarea de alinear la política pública con los objetivos del Plan Nacional de Seguridad Vial 2022–2031, que adopta el enfoque de Sistema Seguro y busca reducir en un 50% las muertes y lesiones graves por siniestros viales para el año 2030, contribuyendo así al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 3.6 de Naciones Unidas.
