#282 La ministra de Transportes informa del multimillonario yerro de algunas Secretarías de Movilidad, en relación con las fotomultas.
El Gobierno Nacional, a través de la Superintendencia de Transporte y el Ministerio de Transporte, abrió investigación administrativa contra 37 organismos de tránsito del país.
Esto sucede por presuntos incumplimientos relacionados con la operación de sistemas automáticos de detección de infracciones de tránsito (SAST), conocidos como fotomultas.
La Superintendencia evidenció posibles irregularidades en el cumplimiento de requisitos técnicos obligatorios establecidos en la Ley 2251 de 2022 y la Resolución 718 del Ministerio de Transporte.
En particular, en lo relacionado con la ausencia del concepto de desempeño expedido por el Instituto Nacional de Metrología.
Este concepto es requisito indispensable para garantizar la confiabilidad y legalidad de estos sistemas.
Hallazgos
Durante la investigación se identificó que:
- 12 organismos de tránsito iniciaron operación sin contar con concepto de desempeño.
- 7 organismos operaron con conceptos expedidos a terceros.
- 18 organismos obtuvieron los conceptos técnicos después de haber iniciado la operación de los sistemas.
Entre los organismos investigados aparecen autoridades de tránsito de ciudades y municipios como Medellín, Cali, Bogotá, Barranquilla, Villavicencio, Cartagena, Bucaramanga, Valledupar, Montería, Sincelejo, Soledad, Sabaneta y Villa del Rosario, entre otros.
Ley injusta
La Superintendencia de Transporte identificó además que los organismos investigados impusieron más de 7,5 millones de comparendos mediante estos sistemas tecnológicos.
De ellos, 1.582.398 ya fueron pagados por ciudadanos colombianos y representan recaudos superiores a $1,05 billones.
En consecuencia, las autoridades investigadas podrían verse obligadas a devolver estos ecursos y además enfrentar sanciones equivalentes al doble de lo recaudado, lo que superaría los $2,1 billones, conforme a lo establecido en la Ley 2251 de 2022.
Adicionalmente, 5.832.906 comparendos que aún no han sido pagados quedarán sin validez y deberán ser revocados de oficio por las autoridades de tránsito correspondientes, beneficiando potencialmente a más de 1,4 millones de ciudadanos.
Por su parte, el superintendente de Transporte, Alfredo Piñeros, señaló que estas actuaciones buscan recuperar la confianza ciudadana y garantizar el respeto al debido proceso.