La movilidad eléctrica avanza con fuerza en Colombia, pero su aseguramiento enfrenta retos técnicos, operativos y de mercado que aún están en proceso de maduración.
A falta de una base de datos histórica robusta sobre la frecuencia y severidad de los siniestros por ser un segmento aun joven, calcular una prima que sea competitiva para el usuario y, al mismo tiempo, sostenible para la aseguradora, se convierte en un ejercicio de alta complejidad técnica.
Según Cesvi Colombia, el problema se centra en que, a diferencia de los vehículos de combustión, la cadena de posventa para los eléctricos aún está en consolidación.
En muchos siniestros, ciertos componentes no pueden repararse y deben importarse, lo que eleva los costos y alarga los tiempos de reparación.
A esto se suma la escasez de talleres especializados, la falta de infraestructura adecuada para remolque porque un procedimiento incorrecto puede dañar gravemente el sistema eléctrico y la carencia de personal certificado en protocolos de alto voltaje.
Además, aunque poco frecuentes, los incendios por fuga térmica en baterías de iones de litio representan un riesgo crítico: son difíciles de controlar y, en la mayoría de los casos, derivan en pérdida total del vehículo.
El riesgo de la batería
La degradación natural de la batería por uso o por el paso del tiempo no suele estar cubierta por las pólizas tradicionales, ya que estas responden únicamente a eventos súbitos e imprevistos como accidentes, robos o incendios.
Pero, dado que la batería representa entre el 30 % y el 50 % del valor total de un vehículo eléctrico, un daño que requiera su reemplazo puede activar rápidamente la declaratoria de pérdida total, especialmente si se supera el umbral del 70 u 80 % del valor asegurado.
Además, muchos componentes eléctricos como módulos de batería, motores o electrónica de potencia deben importarse bajo pedido, especialmente en marcas recientes.
Esto prolonga los tiempos de reparación, retrasa las indemnizaciones y afecta directamente la experiencia del asegurado.